Aumenta la crispación por el «uso desproporcionado de la fuerza» durante las protestas del pasado 13 de febrero, en el que se utilizó munición real «por error»

Linares sigue en estadio de shock desde el pasado viernes cuando dos policías fuera de servicio -un subinspector y un agente de la escala básica- la emprendieron a golpes con un padre y su hija en una terraza da la calle Espronceda por un simple roce.

Lo que vino después ha sido ampliamente difundo por redes sociales y por los medios de comunicación del país que se han hecho eco de lo sucedido en la trifulca en la que resultaron heridos el hombre y la menor y los posteriores disturbios ocurridos en el sábado que han indignado a una población que no aguanta más.

Dudas sobre la intervención policial

Tanto ciudadanos como internautas ponen en duda la intervención policial del 13 de febrero hasta tal punto de que varias organizaciones de Derechos Humanos han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Jaén por el «uso desproporcionado de la fuerza tanto en la práctica de varias detenciones como durante la realización de algunas cargas policiales» para disolver las protestas.

Según denuncian la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), la Plataforma Defender a Quien Defiende e Irídia – Centro de Defensa de Derecho Humanos, existe constancia de al menos tres intervenciones en la que se constata un «uso injustificado» del bastón policial extensible, el empleo de porras cerca de menores y el «arrastre de una persona sobre el suelo».

Tal y como consta en el escrito de denuncia, publicado en un comunicado, las organizaciones han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal que «en varias de las intervenciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Nacional con el propósito de disolver las protestas se observó un uso desproporcionado de la fuerza tanto en la práctica de varias detenciones como durante la realización de algunas cargas policiales».

Ambas organizaciones denuncian «un uso desproporcionado de la fuerza durante algunas de las detenciones» y aportan para ello diferentes vídeos publicados en redes sociales.

Uso injustificado de las defensas

Durante las actuaciones referidas se constata un «uso injustificado del bastón policial extensible, el empleo de la defensa de dotación, la conocida como porra, cerca de menores y el arrastre de una persona sobre el suelo».

Igualmente advierten que durante la intervención de la Policía Nacional con el objeto de disuadir las protestas «también se dispararon bolas de goma», en especial, inciden en que en una de esas intervenciones se comprueba cómo tras el disparo de un proyectil de goma cae uno de los manifestantes al suelo y queda inconsciente».

En la misma grabación, sostienen, «se puede ver cómo agentes de policía nacional, al ver el estado en el que se encuentra la persona, la voltean y manipulan sin tomar las precauciones necesarias esta situación y cuánto se tardó en procurarle asistencia médica».

Escopeta de postas

Asimismo denuncian el uso de «una escopeta de postas contra dos de los manifestantes», y con independencia de la responsabilidad administrativa en la que hubieran incurrido los agentes que realizaron los disparos, las organizaciones consideran que «también son constitutivos de responsabilidad penal».

Por todo ello, solicitan en denuncia que la Fiscalía Provincial de Jaén investigue «con el fin de aclarar y demostrar los hechos denunciados» y han solicitado que «se identifique a todos los agentes actuantes, especificando grupos operativos y mandos policiales, medios y superiores, así como el máximo responsable del operativo en terreno, y se les tome declaración».

Recogida de las armas utilizadas

Igualmente, amparándose en una reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instan a que «se lleve a cabo la recogida de todas las armas que fueron utilizadas, haciendo constar qué agentes usaron armas, sean escopetas de bolas de caucho o armas de fuego, y las características técnicas de las mismas».

A su vez, requieren que «se remitan las comunicaciones realizadas por radio u otro dispositivo, con el objeto de determinar qué órdenes se dieron en relación al uso de material antidisturbios y qué agente o agentes lo autorizaron, ordenaron o permitieron».

Las organizaciones también han remitido una queja tanto al Ministerio del Interior como al Defensor del Pueblo Español en la que solicitan «que se activen los mecanismos internos de depuración de responsabilidades en las actuaciones que se hayan podido producir casos de mala praxis o indiciariamente delictivos por parte de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

Cilu pide explicaciones

Cilu pide explicaciones al la máxima responsable del orden público en la provincia, la Subdelegada del Gobierno en Jaén, por lo que consideran una «perdida de control de la situación en Linares».

Así lo expresa su concejal y portavoz Javier Bris, «Estamos muy preocupados por la falta de medios con la que actuaron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Linares, pues hasta que no llegaron refuerzos de otras localidades la situación estaba fuera de control», insiste el portavoz de Cilu-Linares, quien añade: «Hemos exigido en numerosas ocasiones que la Policía Nacional de la provincia de Jaén cuente una Unidad de Prevención y Reacción permanente, no se puede estar a expensas de que vengan antidisturbios de Granada, porque en los primeros momentos podríamos haber lamentado una desgracia, se ha puesto en riesgo tanto a los policías como a los manifestantes».

En este punto, la formación localista señala que «la situación social en Linares y cada vez más en la provincia es insostenible y pone en riesgo la seguridad ciudadana». También solicita la comparecencia extraordinaria y urgente del alcalde de Linares para que explique qué instrucciones dio a la Policía Local y qué coordinación tuvo, porque, según indica el portavoz «vimos a funcionarios de Policía Local actuando como antidusturbios, sin casco, recibiendo golpes, botellazos y pedradas y eso no lo vamos a tolerar».